REFERIDO AL CASO DE RENUNCIA DEL ABOGADO GUSTAVO GARCÌA A LA SECRETARÌA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.

La publicaciòn del medio Conirmado indica que en esta semana que pasò se conociò una carta abierta escrita por la doctora Agustina Jordàn, en defensa de su colega de tareas, Gustavo Garcìa, con quien ejerce la defensa tècnica de Àngel Pacheco, imputado por la muerte de Mauro Martelli, y que tuvo como consecuencia politica durante el comienzo de esta semana la renunica de Garcia, como secretario de seguridad del municpio, cargo que ejercia desde el 10 de diciembre del 2025.

La carta abierta fechada el 14 de julio de 2026 dirigida a la comunidad de Paso de los Libres expresa:

De mi mayor consideraciòn:

Me dirijo a ustedes en mi caràcter de abogada matriculada, colega profesional del doctor Gustavo Garcìa y ciudadana de esta comunidad para expresar mi profunda preocupaciòn y mi mas enèrgica solidaridad con quien ha sido objeto de un injusto señalamiento publico por el solo hecho de ejercer su profesiòn.

No escribo escribo esta arta en representaciòn de ningùn colegio, insttituciòn ni partido politio. Lo hago a titulo personal, movida por la convicciòn de que lo sucedido con el doctor Garcìa trasciende ampliamante su persona y su cargo particular, lo que esta en juego aqui es un principio fundamental de nuestro estado de derecho: el derecho de defensa en juicio.

Lo que ocurriò no fue un acto de justicia, fue un acto de intimidaciòn , el doctor Gustavo Garcìa hasta hace pocos dias Secretario de Seguridad Municipal se vio forzado apresentar su renuncia luego de una intensa presiòn social y politica generada por su actuaciòn como abogado defensor de Ànel Pacheco, unico imputado en la causa por el sinisestro vial que provocò el fallecimiento del profesor Mauro Baez Martelli.

La familia de la víctima, en uso de su legítimo derecho al dolor y al reclamo, salió a cuestionar públicamente que un funcionario de seguridad ejerciera la defensa de un imputado en una causa de semejante impacto. Ese cuestionamiento, comprensible en el marco del duelo, fue amplificado por ciertos sectores políticos y mediáticos hasta convertirse en una exigencia de renuncia.

Pero yo pregunto: ¿qué norma jurídica violó el Dr. García? ¿Qué código de ética transgredió? ¿Qué incompatibilidad legal se configuró? La respuesta es clara: NINGUNA. No hubo falta administrativa, no hubo delito, no hubo conflicto de intereses probado. Hubo, en cambio una presión social y politica, que sienta un precedente peligrosísimo: el de que un abogado puede ser castigado en su esfera pública por el simple hecho de ejercer la defensa técnica de una persona impopular.

Parece absurdo tener que recalcar en nuestro estado de derecho, que el derecho de defensa no es un privilegio, es una garantía constitucional. Permítanme recordar lo que todo abogado sabe desde el primer día de su carrera, pero que parece haberse olvidado en este debate: el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que "la defensa en juicio de la persona y de los derechos es inviolable".

Esta norma no es una declaración retórica. Es el pilar sobre el que se sostiene todo el edificio del proceso penal. Sin defensa técnica no hay debido proceso. Sin debido proceso no hay Estado de derecho. Y sin Estado de derecho, lo que nos queda es la ley del más fuerte, la justicia por mano propia, la condena popular sin juicio.

Los tratados internacionales con jerarquía constitucional —el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— son igualmente claros: toda persona imputada tiene derecho a ser asistida por un abogado de su elección, y si no puede pagarlo, el Estado debe proveerle uno.

Ninguna de esas normas distingue entre casos populares y casos anónimos, entre imputados queridos e imputados repudiados. La garantía es universal o no es garantía.

Se ha perdido de vista en el debate público que el abogado no es su cliente, hay una confusión que duele en el alma de cualquier abogado: la de que el defensor se identifica con el hecho que se le imputa a su cliente. Nada más falso y más injusto.

El abogado defensor no se convierte en cómplice ni en apologista de la conducta investigada. Lo que hace es cumplir un rol técnico indispensable: garantizar que la responsabilidad de su asistido se defina con reglas claras, con posibilidad de contradecir la prueba, con un juez imparcial que decida conforme a derecho y no conforme a lo que diga la calle.

Los códigos de ética de todos los colegios de abogados del país son unánimes en este punto: el abogado no adhiere a la posición de su asistido, sino que cumple una función social de primera magnitud. La defensa penal no es un acto de afinidad moral. Es un acto de responsabilidad profesional.

Exigirle socialmente como ha ocurrido estos últimos días a un abogado que renuncie a su empleo, a su cargo o a su sustento por el solo hecho de haber tomado una defensa incómoda es, en el fondo, castigar el ejercicio de la abogacía. Y eso, señores, es un ataque a toda la profesión, no a un colega en particular.

Lo que le ha ocurrido al Dr. García no es un problema suyo. Es un problema de todos los abogados y abogadas de esta comunidad y de todo el país.

Si se instala la idea de que un abogado no puede defender a determinadas personas sin arriesgar su reputación, su trabajo o su seguridad, entonces estamos diciendo que la defensa técnica es un derecho de papel, que solo existe para los casos que no molestan, que solo se aplica cuando la opinión pública lo permite.

¿Qué abogado, en adelante, va a tomar una defensa compleja, impopular o mediáticamente expuesta si sabe que puede perder su empleo, su cargo público o su sustento? ¿Qué imputado, en adelante, va a poder confiar en que su defensor actuará con plena libertad si el costo de hacerlo es tan alto?

Esta lógica no solo es injusta. Es profundamente antidemocrática. Porque la democracia no se mide por cómo tratamos a los poderosos o a los populares. Se mide por cómo tratamos a los más débiles, a los señalados, a los que la sociedad ya condenó antes del juicio.

No quiero ni puedo ser insensible al dolor de la familia Báez Martelli. Han perdido a un ser querido en circunstancias trágicas. Ese dolor es real y merece todo el respeto de esta comunidad. Y quiero ser clara: nada de lo que digo aquí pretende minimizar ese dolor ni poner en duda el derecho de la familia a buscar justicia.

Pero la justicia no se construye destruyendo garantías. No se construye señalando a un abogado como si fuera el autor del hecho. No se construye confundiendo la legítima indignación con la suspensión del debido proceso.

La familia tiene su propio abogado, se ha constituido como querellante y ha hecho oír su voz en los tribunales y en la calle. Ese es su derecho y está bien que lo ejerzan. Pero el derecho de una parte no puede anular el derecho de la otra.

El sistema penal no es un torneo donde gana el que más ruido hace. Es un procedimiento regulado, con reglas claras, donde la verdad se construye con pruebas y no con consignas.

Por eso, hago un llamado a la reflexión, a los medios de comunicación que han dado cobertura a este caso, les pido que reflexionen sobre el rol que han jugado. La prensa tiene el derecho y el deber de informar. Pero informar no es linchar. Informar no es reemplazar al Poder Judicial. Informar no es convertir a una persona en un monstruo antes de que sea juzgada.

A los dirigentes políticos que vieron en este caso una oportunidad para desgastar al gobierno municipal, les digo que el precio que han pagado es demasiado alto: han contribuido a erosionar una garantía constitucional por un puñado de votos.

A la comunidad de Paso de los Libres, les pido que no se dejen llevar por la indignación del momento. Piensen en el día de mañana. Piensen en que cualquiera de nosotros, en un giro del destino, puede necesitar un abogado defensor. Y cuando ese día llegue, ¿querrán que ese abogado tenga miedo de hacer su trabajo? ¿Querrán que ese abogado sepa que, si defiende a alguien impopular, su carrera, su empleo y su reputación estarán en riesgo?

Quiero decirle públicamente al Dr. Gustavo García que cuenta con mi respaldo y con el de muchos colegas que, aunque no lo hayan manifestado en público, comparten mi indignación.

Usted no ha hecho nada malo. Usted ha cumplido con su juramento profesional. Usted ha defendido a una persona que, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a un juicio justo. Que eso le haya costado su cargo, aunque se haya retirado voluntariamente, no es un mérito de sus críticos. Es una mancha en nuestra comunidad.

Lo invito a que no baje los brazos. La profesión lo necesita. El sistema de justicia lo necesita. Y esta comunidad, aunque hoy no lo reconozca, también lo necesita.

Concluyo esta carta con una frase que debería estar grabada en la entrada de todos los tribunales del país: "La defensa en juicio es inviolable". No es una sugerencia. No es una opción. Es una orden constitucional.

Y esa orden no se suspende cuando el caso es doloroso. No se suspende cuando la prensa se encadena. No se suspende cuando la política exige un chivo expiatorio.

Se cumple siempre. Se cumple para todos. Se cumple aunque duela. Porque si no se cumple para todos, no se cumple para nadie.

Sin otro particular, y esperando que esta carta contribuya a abrir un debate sereno y fundado sobre el valor de la defensa técnica en nuestro sistema constitucional, los saludo con respeto y consideración”.

Dra. MARIA AGUSTINA JORDAN, MP 4-7107