SEGÚN NOVA CORRIENTES ESPINOZA NO ES FUNCIONARIO MUNICIPAL

Todo lo que fue mediatiatico por la imagen de un agrimensor acusado de complicidad con la ditadura militar que se lo vio ocupando lugar en cercanías de autoridades municipales volvió a visibilizarse a partir de la permanencia durante le carnaval popular, en el palco oficial de una persona sindicada como participante de la desaparición de personas en Paso de los Libres, el agrimensor Francisco Espinoza. La publicacion de Nova Corrientes hace una serie de aclaraciones al respecto.

Comunicado oficial (Fuente Nova)

Dirección de Derechos Humanos ratifica su apoyo a familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Después que circularon rumores mediáticos respecto al supuesto nombramiento en un cargo municipal de un ex integrante de los equipos de inteligencia del Ejército durante la Dictadura Militar, y luego que el Tribunal Oral Federal de Corrientes otorgó el beneficio de arresto domiciliario a un genocida condenado, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres envió un comunicado en el que se ratifica las acciones tendiente a reivindicar a las víctimas del Terrorismo de Estado y repudiar las decisiones judiciales que beneficien a los acusador por delitos de Lesa Humanidad.

En el escrito difundido este 14 de enero, la institución de Derechos Humanos “expresa su compromiso en favorecer políticas de Memoria, Verdad y Justicia por lo que hace público su acompañamiento a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado, en las acciones legales tendientes a revocar las detenciones domiciliares otorgadas a condenados por delitos de Lesa Humanidad”.

En este sentido remarcan que “tomamos como referencia lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde establece que en casos donde se investigan delitos de lesa humanidad, existe un especial deber de cuidado al analizar la existencia de riesgos procesales, en los que el Estado Nacional asumió la obligación ante la comunidad internacional de investigar, enjuiciar y sancionar a los imputados de graves violaciones a los Derechos Humanos”.

En la nota se afirma que “desaparecemos dos veces a las víctimas si los genocidas, que han recibido sentencias condenatorias por asesinato, violación y desaparición no cumplen ni un tercio de la misma y gozan de privilegios que le son negados a otros ciudadanos, estamos, de cierto modo, premiando la impunidad y eso debilita la tan preciada democracia”.

En el texto firmado por el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres, Ricardo Vassel, se afirma que desde el gobierno local “bregamos por, el armonioso funcionamiento del Estado de Derecho y la división de poderes. Consideramos que el Estado debe garantizar el cumplimiento efectivo de delitos cometidos por el propio Estado”.

El texto se conoce después que trascendió que se había nombrado como funcionario municipal a Francisco Espinoza, identificado como ex agente de reunión del Destacamento 123, y sospechado de haber entregado información para la desaparición del estudiante secundario Héctor “Pata” Acosta.

Desde el Estado municipal aclararon a NOVA que “Espinosa no es funcionario municipal”, y desestimaron las versiones mediáticas que circularon.

Este fue sindicado como uno de los integrantes de los equipos de inteligencia que había colaborado, junto a Carlos Faraldo, otro agente civil de Inteligencia del Ejército. Este último fue condenado por la privación ilegitima de la libertad agravada del estudiante secundario, Héctor “Pata” Acosta, en marzo de 1976.

Por este caso se le sentenció a 16 años de prisión en junio de 2017, pero en 2013 fue sentenciado a 25 años de reclusión por la privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos a los hermanos Carlos y Lilian Lossada y Rosa Noemí Coto, ocurridos también en 1976.

Tras haber estado detenido seis meses en la prisión federal de Candelaria, Misiones, los jueces Victor Alonso, Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni acordaron “disponer que el imputado Carlos Faraldo, continúe la prisión preventiva en la modalidad de prisión domiciliaria” en su vivienda de la ciudad de Paso de los Libres.

Por este caso las organizaciones de Derechos Humanos dieron a conocer su repudio y apelarán la medida.